GUATEMALA Y SU ADAPTACIÓN AL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN - 2024

El presente trabajo analiza la situación jurídica de Guatemala ante las exigencias internacionales de transparencia e intercambio de información en materia tributaria. Un tema de gran actualidad y repercusión jurídica, económica y social en un país con gran arraigo del secreto bancario, que viene haciendo grandes esfuerzos desde 2006 para modificar sus normas internas en aras a concluir instrumentos internacionales de cesión de información.

Para este cometido, la primera parte se centra en los primeros esfuerzos normativos internos e internacionales, por parte de Guatemala, para cumplir con el estándar internacional de cesión de información previa solicitud (Acuerdo multilateral centroamericano 2006, acuerdos bilaterales con países nórdicos y con Australia, cláusula de intercambio de información del CDI con Méjico, etc.) hasta cristalizar con el Acuerdo multilateral de asistencia mutua en 2017, de aplicación a partir de 2019, por la paralización de la Corte de Constitucionalidad.

La segunda parte analiza otros instrumentos más ambiciosos, que tienen por objeto la cesión automática de información bancaria con trascendencia tributaria, que ha comenzado a adoptar Guatemala en el marco de la normativa FATCA estadounidense y, en un futuro próximo quizás también en cumplimiento del Acuerdo Global de cesión automática de información en el que participan más de 100 jurisdicciones (CRS).

La tercera parte pone de manifiesto otros estándares de cesión de información entre jurisdicciones: por un lado, los derivados de las Acciones BEPS en los que se puede ver involucrada Guatemala si pasa a formar parte del Marco Inclusivo (ej. Informe país por país en precios de transferencia; información de asesores sobre planificaciones agresivas) y, por otro lado, otros estándares para combatir el fraude y la evasión fiscal, que pueden ser una realidad a corto plazo en Guatemala, y sobre las que defendemos las grandes oportunidades que supondrían para las arcas públicas guatemaltecas (ej. cesión de información por las plataformas sobre los usuarios; por los asesores fiscales sobre mecanismos potencialmente agresivos o por las agencias de criptoactivos sobre los titulares de criptoactivos).

La cuarta parte culmina con nuestras conclusiones sobre la situación jurídica actual de Guatemala.